Ante el constante crecimiento de casos de violencia provocado por el crimen organizado, los más pequeños siempre son los más afectados, porque se encuentran vulnerables y especialmente si conviven en un ambiente de guerra, terrorismo y crimen organizado.
Con lo anterior, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), presenta el informe temático, “Violencia, niñez y crimen organizado”, el cual tiene el objetivo de hacer un llamado a todos los Estados, para garantizar los derechos de miles de niños y para prevenir que sean capturados y explotados por parte de grupos criminales.
De acuerdo al informe, en México:
“30.000 niños y adolescentes menores de 18 años, cooperan activamente con la delincuencia organizada y los niños se integran a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad”.
Otro problema, radica en que las políticas de control hacia grupos criminales, ha provocado que los Estados juzguen arbitrariamente a los adolescentes.
Las niñas, niños y adolescentes, representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violaciones a los derechos humanos por parte del crimen organizado.
Los adolescentes suelen ser estigmatizados por la sociedad
Los niños y adolescentes que viven en zonas periféricas de las ciudades y lugares marginados, tienden a ser juzgados por la sociedad como “posibles o futuros criminales” y que deben ser controlados. Dichos actos discriminatorios, provocan que, tristemente, se orienten al lado oscuro de la criminalidad.
Muchos de ellos, sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia por parte de los padres, adultos o los mismos mandos de seguridad pública.
Otro problema que se aborda en el reporte, son los casos de niños de migrantes no acompañados y de familias migrantes con niños, ya que se cuenta con reportes de casos, en los que muchos niños y sus familias, dejan sus países de origen empujados por la situación de violencia y por las amenazas y el temor a al crimen organizado.
La solución y recomendaciones
La propuesta de la CIDH para cambiar la situación de estos pequeños, es lograr llevar a las zonas marginadas mejores niveles de educación, para poder acceder a mejores oportunidades en el ámbito laboral.
Los Estados deben modificar sus políticas, para dar prioridad a la obligación de respetar los derechos humanos de niños y jóvenes.
Las acciones de ayuda para los jóvenes que han delinquido, es hacerlos responsables, para que tengan realidad de sus acciones sin ser encarcelados, ya que el encarcelamiento provoca que sea más difícil la reintegración a la sociedad.
Es muy importante que los Estados modifiquen sus políticas de seguridad, ya que como lo había mencionado antes, los niños y adolescentes son los más afectados, las políticas ya establecidas, han provocado, durante muchos años, un ambiente en el cual, los niños sufren y viven los efectos de la delincuencia, lo cual provoca que desde muy temprana edad, no obtengan el apoyo de la sociedad y el Estado, para lograr una vida digna y tranquila.
