A partir del arranque del 2018, las comunidades rurales e indígenas en zonas de Bajo Cauca, en el departamento de Antioquía, Colombia, han sufrido diversos desplazamientos forzosos.
Dicha situación, ha creado una oleada de violaciones a los derechos humanos, que afectan a más de 800 personas (casi la mitad de ellos niños), además que los homicidios han aumentado hasta un 255% en la región.
Con lo anterior, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia y la Agencia de la ONU para refugiados ACNUR, expresaron su gran preocupación, debido a los abusos cometidos a estas comunidades. Por lo que han solicitado al gobierno garantizar la protección de los derechos fundamentales.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el 19 de enero, al menos 822 personas (461 adultos y 361 niños, niñas y adolescentes), han sido desplazadas a la fuerza en varias veredas, mientras ha habido un aumento de 255% de homicidios en comparación con el 2017.
Desplazamientos y violaciones de los derechos humanos
La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, expresó que en el Bajo Cauca, se han observando violaciones a los derechos humanos, tales como amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.
El aumento de la violencia en la región, se debe al control de negocios ilícitos y la red de narcotráfico que se alberga es esta zona, son grupos armados ilegales que estan disputando con el ELN y desidentes de las FARC, el control de dichas actividades a lo largo de la zona del Bajo Cauca.
A pesar que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la situación desde el pasado 22 de enero, y de todo el esfuerzo que han realizado las autoridades para abordar la situación, la situación continúa empeorando.
De acuerdo a el ACNUR, la Corte Constitucional Colombiana ha advertido que al menos 34 grupos indígenas, se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento.
También se solicitó al gobierno colombiano, mayores garantías para que los recursos humanos y económicos, sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana.
El llamado es de carácter urgente, ya que se debe de iniciar una estrategia integral espcialmente para la zona afectada, sobre prevención, protección y garantías para evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos, y se inicie un análisis de los factores como la corrupción, pobreza, la extraña falta de participación política y finalmente el acceso a servicios básico en la zona.
Fuente: ONU, ACNUR.
