Víctimas del conflicto armado en Colombia en espera de justicia

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Las víctimas del conflicto armado en Colombia JEP ONU
Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

A pesar de haber logrado un avance en el Proceso de Paz en Colombia, al día de hoy, las víctimas del conflicto armado continúan esperando justicia, por lo que la ONU, ha solicitado al Estado y las fuerzas policiacas faciliten el proceso de paz por medio de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

La Misión de Verificación, hizo un llamado a las autoridades competentes del Estado para lograr remover los obstáculos que impiden el proceso de paz y además, que se cumpla con el compromiso de justicia y el derecho de las víctimas.

JEP en el proceso de paz en Colombia

Las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el tribunal que se encarga de juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado.

Sin embargo, no se cuenta con las normas y procedimientos necesarios para dar mayor seguridad jurídica, mismas reglas que deben ser aprobadas por el Congreso colombiano, no han logrado llegar a un acuerdo.

Por medio de un comunicado, la Misión de Verificación indicó que a la fecha, las víctimas del conflicto siguen esperando las primeras audiencias y comparecencias a quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.

En el comunicado también se detalló que se continúa en la incertidumbre sobre los términos de situación jurídica a aquellos que se someterán a esta jurisdicción especial.

Acuerdo de Paz en Colombia

La Jurisdicción Especial fue establecida constitucionalmente, y abrió sus puertas desde el pasado 15 de marzo, en conformidad con el Acuerdo de Paz, en el cual se estableció el compromiso de asegurar la transción del conflicto armado a la paz en Colombia.

La Misión señaló que es momento que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP, ya que de no aprobarse las normas para el procedimiento, el gobierno colombiano ha advertido sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional.