Las posturas sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior

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posturas sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior
Foto: Freepik.

Mucho se ha hablado en estos días acerca de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y desde actores como Diego Luna, hasta organismos internacionales como la ONU, han expresado puntos de vista sobre la aprobación y puesta en marcha de la ley.

El pasado jueves 14 de diciembre, el Congreso de la Unión en México, dio luz verde al mecanismo legal para que se pueda ordenar el envío de tropas federales a un territorio o zona específica del país, cuando se presente una Amenaza a la Seguridad Interior y/o lo precise la autoridad correspondiente (Presidente, Congresos Estatales y Gobernadores).

¿Cómo funciona esta Ley?

Cuando presenten una solicitud para hacer uso de la fuerza, las autoridades deberán exponer las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior.

Ordena la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

La institución o autoridad coordinadora, constituirá un grupo interinstitucional, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

posturas sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior
Foto: ONU-WikiCommons

Cuando las Fuerzas Armadas, realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato del conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones.

Las Fuerzas Armadas se limitarán a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Fija que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. El Presidente de la República podrá ordenar una prórroga mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior.

Postura de los organismos sobre la aplicación de este nuevo estatuto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indicó que esta ley transgrede las libertades básicas reconocidas, violando así los derechos humanos. Por lo que interpondrá una acción de inconstitucionalidad, Luis Raúl González Pérez presidente de la organización, ha hecho ver su inconformidad respecto a esta ley incluso antes de ser aprobada.

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhorto al presidente Enrique Peña Nieto, a realizar las debidas observaciones a lo que fue el proyecto de ley, para realizar los debidos señalamientos y ponerla a discusión en el Congreso de la Unión, o en su caso, desechar dicha norma por medio del derecho de veto que tiene el presidente.

Haciendo principalmente énfasis en que, con esta ley los derechos humanos se puedan ver vulnerados, remarcando la nula posibilidad de permitir un debate en el que se enfrentaran expertos, académicos, , organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, frente a los legisladores a favor de continuar con la aprobación de dicha ley.

La Organización de Naciones Unidas por su parte ha calificado como “lamentable” la aprobación, criticando a la ley, por el riesgo que representa y puede incrementarse la violación de los derechos humanos en el país, por otra parte, hizo un llamado a reforzar el cuerpo de policía nacional y no convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de seguridad interna.

La postura anterior, se plantea debido a los múltiples antecedentes sobre los abusos a los derechos humanos, que han cometido las fuerzas armadas y que en muchos de estos casos se han quedado impunes. La Ley de Seguridad Interior, no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, excluyéndola de las leyes de transparencia dejándola oculta de la mira de la sociedad, que es la que se verá principalmente afectada.

La religión también tiene una postura sobre la aprobación de esta ley.

De acuerdo a una entrevista de Sin Embargo, Alejandro Solalinde, un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos, quién ha levantado la voz para dar su punto de vista sobre la puesta en marcha de la LSI, pronostica que esta Ley no es más que un adelanto al “Mega Fraude Electoral de 2018”, realizando esta propuesta, para así poder contener las posibles manifestaciones del pueblo mexicano.

Cómo es posible que les haya valido, eso quiere decir que no son libres para escuchar y no tienen alternativa para decidir y la línea que reciben es de más arriba, de Estados Unidos”. Alejandro Solalinde.

En su discurso, el sacerdote asegura que la población estará totalmente en desacuerdo y que a este paso México se estará convirtiendo en una “Dictadura Militarizada” y que dicha Ley, no es sino “una arma que será utilizada contra el pueblo”. Aseguró además, que de ocurrir un fraude electoral la población no guardaría silencio esta vez.

Instituciones educativas alzan la voz

La máxima casa de estudios en México (UNAM), ha presentado su inconformidad a la aprobación de la LSI, uniéndose a esta oposición universidades como La Ibero y la Universidad de Guadalajara (UdeG), haciendo un llamado a las autoridades para permitir un diálogo amplio e incluyente privilegiando de esta manera a una inspección más minuciosa previendo así un patrón fallido de seguridad.

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Foto: UNAM.

Y no es que sea una Ley que debe pasar desapercibida, porque ¿cuáles serían las consecuencias de la brindarles más poder a las fuerzas armadas?. Observemos detalladamente la parte sur de América, en donde encontramos dictaduras militares como la de Chile y Argentina, siendo muy común en esta región esta forma de gobierno.

En cuanto a algunos catedráticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinan que este movimiento servirá mucho al actual gobierno, electoralmente hablando.

Pues viéndolo de manera estratégica, puede ser que el ejército resguarde la seguridad de ciudadanos con preferencias del partido gobernante, los municipios (Ecatepec) y estados (Tamaulipas y Guerrero), con ciudadanos y preferencias partidistas distintas, haciendo un contrapeso y favoreciendo a su votante y dejando sin protección a aquellos que quieran correr el riesgo de salir a votar en día de elecciones.